El subdirector de Educación Superior, Roberto Tapia, informó que se procedió junto al Ministerio Público a intervenir y allanar la Universidad Uno del Oriente de la ciudad de Tarija por dos supuestos delitos que habrían cometido las autoridades de la institución académica que son estafa agravada y atentar contra la salud.
“Se está continuando con lo que es el allanamiento de las instalaciones Nacional del Oriente Uno, con la compañía de la fiscal de materia, el director nacional de universidades, asesoría jurídica y mi persona para proceder a la fiscalización y decomiso de documentos que será parte de las pruebas con el proceso penal que se está haciendo”, señaló.
Asimismo, dijo que la universidad abrió dos carreras medicina y fisioterapia y kinesiología sin tener el permiso correspondiente por el Ministerio de Educación, por lo que incurrió en un delito de estafa agravada, porque son cientos de estudiantes que se vieron perjudicados e invirtieron montos económicos cuantiosos para pasar clases.
Tapia indicó que el Ministerio de Educación inició un proceso sancionatorio y paralelamente se está iniciando un proceso penal contra la Universidad y sus autoridades.
Aseveró que se procedió al decomiso de la documentación correspondiente para que sea analizada por la Fiscalía contra la denuncia penal que tienen las autoridades de la superior casa de estudios.
Además, mencionó que no hay una resistencia por parte de los funcionarios o autoridades de la institución académica con respecto al allanamiento y decomiso de documentación por los delitos de estafa agravada y atentar contra la salud pública.
Asimismo, se dio a conocer que hay padres y universitarios que iniciaron procesos penales contra la universidad privada por hacer funcionar las dos carreras sin contar con el permiso correspondiente del Ministerio de Educación.
Se tiene conocimiento de que más de 300 estudiantes se vieron afectados por la universidad de las carreras de medicina y fisioterapia y kinesiología.
Por lo que las autoridades educativas piden a la entidad privada de devolver los recursos económicos a los más de 300 estudiantes que ya no pasan clases y sus estudios no son válidos para que puedan ingresar a otra universidad.
Desde la universidad hay hermetismo y las autoridades se niegan a dar alguna declaración, pese a que la información ya se dio a conocer por autoridades del Ministerio de Educación.
Entre tanto los padres de familia piden una solución adecuada para que sus hijos no se vean afectados por más de dos años de estudio que realizaron en estas dos carreras de la universidad, y hablan de efectuar más medidas de presión como marchas y huelgas.
