SIMRA Chuquisaca: «No hay claridad en Ley 1189. Establecimientos en construcción figuran en la norma»

El secretario general del Sindicato Médico y Ramas Afines (SIMRA) de Sucre, Dr. Hipólito Ramírez, defendió el paro de 72 hrs. realizado por su sector en la Caja Nacional de Salud (CNS) en Sucre y el resto del país incluyendo una observación adicional que estaría vinculada a construcción de establecimientos de salud que figuran en la Ley 1189, pero que ya estarían en construcción e incluso próximo a su entrega.

“En la cantidad de establecimientos por ejemplo en Camargo, la construcción de un CIMFA (Centro Integral de Medicina Familiar) que esta espera de su entrega, pero en esta ley está nominada como una ampliación del Cimfa. No es clara la ley en este entendido, porque se supone que ya existe un presupuesto determinado y en ejecución en este momento entonces tendría que aclarase a qué tipo de ampliación se refiere en el momento en que se entregue”, cuestionó Ramírez.

Le galeno insistió en cuestionar la escasa claridad en la construcción de los 67 hospitales porque no se sabe la cantidad de recursos que se invertirá con la nueva ley en relación a los que ya están en ejecución, pues se supone que ya cuentan con presupuesto; sin embargo, al figurar en la lista de las edificaciones de la ley 1189 causa susceptibilidades.

Ramírez pidió a la parlamentaria María Oporto y a representantes de la Autoridad de Supervisión del Seguridad Social de corto plazo hacer una auditoria a la CNS a las adquisiciones de servicios y puso en conocimiento que en esa institución habría gastos cuantiosos y que existiría presunta responsabilidad administrativa.

“Nosotros prevemos un daño económico a la Caja Nacional en este tipo de sistema cuando la caja tiene dinero para equipos, personal e infraestructura el mismo que hubiera ahorrado mucho dinero y actualmente se sigue gastando”, aseguró.

Asimismo, el SIMRA observó la modalidad “Llave en mano”, porque en la actualidad existirían contratos que cometen irregularidades, pero no reciben sanción y seguirían con la ejecución de la obra, como el caso de Yacuiba, que se identificó una empresa constructora con boletas de garantía falsas.

Finalmente aclaró que los temas tratados a los que la parlamentaria Oporto refiere fueron realizados en un medio de comunicación local, pero que no admitió que la participación en la reglamentación a la Ley 1189, signifique dar por resulto su demanda de abrogación de la norma.