“Estamos apegados a la Ley, teniendo como referencia a la Constitución Política del Estado (CPE) y vamos a luchar con todos los recursos que tengamos para que se haga justicia”.
El Sindicato de Ramas Médicas (Sirmes) La Paz a la cabeza del ginecólogo obstetra, Fernándo Romero, junto a una numerosa comisión de profesionales en salud, esta tarde presentaron lo que vendría a ser la primera acción judicial en contra del Ministerio de Salud por incumplimiento en la implementación del Sistema Único de Salud (SUS).
Fundamentados en la Constitución Política del Estado y los compromisos del convenio intergubernativo entre el Ministerio de Salud y la Gobernación de La Paz, el Sirmes considera que se incumplió responsabilidades trascendentales como ser: infraestructura, ítems, equipamiento y medicamentos.
“Hoy la infraestructura que tenemos ya no tiene cabida para más pacientes. Lamentablemente, hasta hoy día no hay un solo hospital, una sola piedra que se haya colocado y se ha incumplido el convenio intergubernativo que en su articulo 5 también le da la obligación al Ministerio de Salud de dar equipamiento, insumos, medicamentos para atender a la población”, manifestó Romero.
Interponen la acción de cumplimento debido a que el complejo hospitalario Miraflores y establecimientos de salud del departamento de La Paz estarían colapsados, con problemas de capacidad de atención por la cantidad de pacientes, pero principalmente porque no existen condiciones y los médicos se sienten en riesgo por la inseguridad que genera esa situación.
“Hoy día lamentablemente terapia intensiva del Hospital del Torax (está) cerrado; Oncología, cerrado; Cirugía Cardiovascular pediátrica, cerrado; Bacteriología del Hospital de Clínicas, cerrado. Son muestras evidentes que el Ministerio de Salud, la Dra. Gabriela Montaño no le interesa la salud por eso hoy en día estamos presentando la acción de cumplimiento”, explicó.
De acuerdo al dirigente de los profesionales de salud pública, este recurso de defensa de la sociedad que permite la CPE, está orientada a proteger la salud del pueblo y resguardar el trabajo de los profesionales en salud porque están expuestos a procesos y renuncias, por no contar con las condiciones mínimas que se necesita para un Seguro universal de salud.
El inciso tercero del Articulo 134 de la Constitución Política del Estado dice “(…) La autoridad judicial examinará los antecedentes y, si encuentra cierta y efectiva la demanda, declarará procedente la acción y ordenará el cumplimiento del deber omitido”, reza la CPE.
Finalmente, Romero sostiene que si una autoridad no cumple con sus tareas establecidas “Este derecho que tiene la sociedad de pedir la acción de cumplimiento le da un plazo de 20 días para cumplir las tareas que deben realizar. Esperemos que la acción sea recibida, sea acogida por un juez que defienda la salud”.
