Ministra de Salud considera Ilegal paro de la Caja Nacional, pero dirigencia ratifica medida
“La afirmación de la Ministra de Salud está fuera de lugar, ella no tiene la tuición de declarar legal o ilegal un paro. De acuerdo a la Ley General de Trabajo tendría que ser un tribunal colaboral el que determina la legalidad o ilegalidad de un paro”.
Médicos de la Caja Nacional de Salud (CNS) ratifican paro nacional de 48 horas el próximo el lunes 17 y martes 18 de junio “Sin Asistencia, ni marcado de Tarjeta” y desafían a la Ministra de Salud, que la tarde de este viernes en conferencia de prensa consideró que el paro era ilegal.
El Dr. Luis Arellano, secretario ejecutivo del Sindicato de Médico y Ramas Afines de la Caja Nacional (Simra) Oruro en declaraciones a Notisalud Bolivia afirmó que el paro se habría decidido desde las cabezas de la Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines (Fesimra) con la participación de todas la regionales y subregionales de país.
“Esta no es una decisión unilateral, hubo un consejo nacional del Fesimra, donde estaban presentes los representantes de los 9 departamentos y de las demás subregionales que han visto en el Proyecto de Ley 275 un atentado al patrimonio económico financiero de la Caja Nacional de Salud”, aseveró Arellano a tiempo de descalificar las declaraciones de autoridad ministerial.
Por su parte, la ministra de Salud, Gabriela Montaño, enfatizó que el paro del Fesimras sería ilegal y se dirigió a los asegurados asegurando que los recursos de la CNS en ninguna forma serían destinados al funcionamiento del Sistema de Único de Salud.
“El paro que se pretende convocar para la próxima semana, consideramos que es un paro ilegal. Es un paro que está tratando de movilizar a través de la mentira, de una mentira que no tiene cómo respaldarse. De dónde se respalda que esos establecimientos de salud van a ser para que funcione el SUS”, cuestionó Montaño.
La circular/instructivo 029/2019 del Fesimra, instruye que el paro “Sin Asistencia, ni marcado de Tarjeta” por la pretensión de uso dispendioso de los recursos de la CNS; vulneración de la Ley 3131 y de los Estatutos y Reglamentos de los Colegios de profesionales de salud; Rechazo a la pretensión de construir con recursos económicos de la CNS infraestructura de salud para la atención del SUS; y, por el riesgo de perder beneficios sociales de todos los trabajadores de la CNS.
